EL PÚBLICO OPINIÓN

LA BRECHA EDUCATIVA ENTRE EDUCACIÓN URBANA Y LA RURAL

10.996 estudiantes menos en las zonas rurales del Tolima, entre 2016 y 2020. 3.325 bachilleres menos en la zona rural

Por Luis Eduardo Chamorro Rodríguez

Una de las brechas o inequidades del sistema escolar, está en la diferencia en cuanto a cobertura y calidad educativa, entre las zonas urbanas y las rurales en el Tolima. Brecha que se suma a la creada en la oferta educativa para población discapacitada, a la diferencia en los resultados de las pruebas estandarizadas SABER que evalúan el rendimiento académico de los estudiantes; también la brecha e inequidad educativa en la oferta educativa para población indígena del departamento.

Se utiliza el concepto de “brecha” para establecer la diferencia entre unos y otros según la ubicación geográfica de la población, entre colegios privados y las instituciones educativas oficiales, la debida a condiciones físicas y mentales y por situaciones de carácter étnico. Pero brecha se puede traducir como inequidad, exclusión e inclusive discriminación social.

Es que “En Colombia hay exclusión social porque la riqueza y el acceso a los servicios están mal distribuidos y no todas las personas tienen igualdad de oportunidades cuando se trata de acceder al empleo, la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, los servicios de energía eléctrica. Hay pobreza, indigencia y desempleo, como manifestaciones y consecuencias de la exclusión social predominante, que se hace más severa en las zonas rurales”, se dice en la investigación de la cual fui su director, realizada por los estudiantes de la Maestría en Educación de la Univerfsidad del Tolima, Luis Enrique Borja Rodríguez y Diego Ricardo Vargas Palacios, con relación a los casos de Coyaima y Lérica (2010).

Una de las conclusiones de la investigación de los docentes Borja y Vargas es la siguiente: “La mayor inequidad y exclusión educativa en las zonas rurales se debe a un significativo déficit en la disponibilidad de la oferta de educativa en las instituciones educativas ubicadas en el campo. El Estado no da un trato preferencial, como suejetos de especial protección, a los estudiantes de la zona rural como estudiantes que requieren y tiene el derecho a una especial protección del derecho a la educación por su ubicación territorial o geográfica”, es decir, no se garantiza el derecho fundamental a la educación en cuanto a la disponibilidad y asequibilidad que debe garantizar el Estado, a través de la vinculación oportuna de los docentes, la dispobilidad de dotación básica para la enseñanza y el aprendizaje y en consecuencia, las inversiones requeridas para satisfacer esta sitruación, a pesar de que aparezca en los planes de desarrollo de los últimos cuatrenios.

10.996 ESTUDIANTES MENOS EN LAS ZONAS

RURALES ENTRE 2016 Y 2020.

Se puede afirmar que hay suficientes planteles educativos en la zona rural, pero no todos ofrecen los 5 grados de primaria y aún más grave, tampoco se ofrece el bachillerato completo en todas las inspecciones y veredas.

De la mirada sobre los datos cuantitativos se deduce que la disminución de la matrícula en las sedes rurales e instituciones educativas rurales, crece en forma acelerada. Se ha activado un semáforo en rojo, expresado en el hecho de que, entre el año 2016 y el 2020, la matrícula cayó de 81.921 estudiantes rurales a 70.925 en el año 2020, lo cual equivale a un decrecimiento de la cobertura escolar en estas zonas, del 13.4%, es decir, 10.996 estudiantes menos, de ellos 696 en Ibagué (menos 10.4% estudiantes matriculados).

¿Qué está pasando?. Se pueden inferir varias respuestas: desinterés por la educación, de padres de familia y estudiantes. Porque unos y otros no encuentran útil lo que se enseña en las aulas, porque no les gusta como se les enseña, lo cual es un problema de pertinencia educativa que alimenta la inasistencia escolar y la deserción, principalemente.

Puede ser, porque se ha incrementado la migración hacia las zonas urbanas o los padres ubicados en las zonas rurales prefieren matricular a sus hijos en los establecmientos educativos urbanos. Por situaciones de pobreza en los hogares del campo, los padres no disponen de recursos económicos para satisfacer los gastos en vestuario, útiles escolares y transporte. También puede ser uno de los efectos de la disminución del número de infantes y adolescentes en edad escolar, lo cual es un fenómeno demográfico, de crecimiento paulatino.

3.325 BACHILLERES MENOS EN LA ZONA RURAL.

Hay sufientes estudios y cifras sobre las características de la oferta educativa en la zona rural colombiana y del Tolima. Un informe de Compartir del año 2019, (Docencia rural en Colombia) suministra datos sobre el número de años promedio de escolaridad de los habitantes de las zonas rurales, frente a los de las zonas urbanas. “El número de años promedio de escolaridad entre las poblaciones rurales dispersas de 15 años y más es de 6 años solamente, comparado con 9,6 años en zonas urbanas (MEN, 2018)”. Más de la mitad de las escuelas o sedes rurales (el 53.4%), no ofrece los 5 grados de educación primaria, el 8.4% ofrecen hasta el grado noveno de secundaria y sólo un 5.1% ofrece educación media, es decir los grados décimo y once para graduar bachileres.

En el Tolima, ha disminuido la matrícula de los grados once, 12, 13 y ciclo 6, que son los últimos que se cursan para obtener el grado de chaciller. De 3.585 bachilleres en el úlyimo año que se curesa del bachillerato, en las zonas rurales en el año 2016, se pasó a 3.325 en el año 2020, es decir , 260 menos (menos 7.l2%). Esta situación es más grave en Ibagué, donde se pasó de 412 a 292 estudiantes de grado once en el año 2020.

Es grave esta situación porque afecta los grados de escolaridad promedio de la población, que se espera que sea de 12 años de escolaridad, para acceder al desarrollo económico y social esperado.

LA INEQUIDAD EDUCATIVA RURAL.

Ruralidad es un concepto construído para tipificar cuanto ocurre en el mundo del campo, útil para hacer referencia a las brechas en la oferta educativa entre zonas urbanas y rurales. Porque existe una cultura propia en el campo, así como diferentes prácticas productivas entre uno y otro ámbito geográfico. En cuanto a la educación, son múltiples las circuantanacias que diferencian la atención educativa para esta población.

Jairo Arias Gaviria, docente de la Universidad Pedagógica de Bogotá, al plantear un panorama de los “Problemas y retos de la educación rural colombiana” (2017), describe, entre ellos, los siguientes: “Con toda la dificultad que implica llegar a la escuela, con una violencia que aún persiste y territorios libres para explotaciones mineras; con una gran carencia en recursos, ausencia de salones adecuados, falta de materiales didácticos, laboratorios e implementos deportivos, con todo eso, la política educativa rural no es pertinente; entre otras cosas, porque bajo esas circunstancias se da cabida un modelo educativo para ciudadanos cosmopolitas, como imagen precisa de saberes que prepara a sus estudiantes para ser buenos consumidores, obviando, en aulas perdidas en montañas, valles y páramos del campo, toda la ruralidad de nuestro país”.

A ello agrega: “La educación rural debe asignar valor y estatus académico a los saberes locales (campesinos) en un nivel similar al de los saberes universales…Facilitar la construcción de una herramienta teórica y me- todológica sobre los modos en que se produce el aprendizaje campesino…La participación en la construcción y diseño de los currículos”.

PROGRAMAS ESTATALES PARA LA ZONA RURAL.

Se debe reconocer que el Ministerio0 de Educación Nacional, en diferentes épocas, ha plateado programas de intervención en las zona rural. Uno de ellos, quizás el más significativo y de efecto relevante, fue el Escuela Nueva que tuvo amplia cobertura y efectos positivos, hasta el punto de que ahora ha sido implementado en otros paises y acá en Colombia ha decaído, para ejecutar otros.

Para dar la continuidad a este programa e implementar otros, se creo el Programa de Educación Rural y más recientemente la Red de Educación Rural, para las zonas afectadas por la violencia en el sur del Tolima.

Para la zona rural ejn general se desarrollan los Modelos Edducativos Felxibles y los Proyectos Pedagógicos Productivos.

Se ha continuado con la oferta de la metiodología de Escuela Nueva, de Pospreimaria, de Educación Media Rural y otros.

Población matriculada en la zona rural del Tolima, años 2016-2020.

Entidad Territorial	Matrícula total		Matrícula rural		Variación 2020/2016
Entidad Territorial	Año 2016	Año 2020	Año 2016	Año 2020	Absoluta	%
Municipios no no cetificados.	183.268	164.342	74.543	64.242	-10.300	-13.8%
Ibagué	113.618	107.355	7.378	6.682	-696	-10.4%
Total Departamental	296.886	271.697	81.921	70.925	-10.996	-13.996

Fuente. Elaborada con base en datos de “Cobertura en cifras”, 2020, del MEN.

Matrícula último grado de bachilerato, en el Tolima, años 2016-2020.

Entidad Territorial	Matrícula total		Matrícula rural		Variación 2020/2016
Entidad Territorial	Año 2016	Año 2020	Año 2016	Año 2020	Absoluta	%
Municipios no no cetificados.	11.278	9.685	3.173	3.033	140	-4.4%
Ibagué	9.006	6.659	412	292	129	-41.0%
Total Departamental	20.284	16.344	3.585	3.325	260	-7.2%

Fuente. Elaborada con base en datos de “Cobertura en cifras”, 2020, del MEN.

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“Se puede ampliar base tributaria sin aumentar carga a clase media”

Tomado El Nuevo Siglo

No son muchas las alternativas que tiene Colombia para recuperar el crecimiento que traía hasta el 2019. Una de ellas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es que hay necesidad de aumentar el recaudo tributario.

Jens Matthias Arnold, economista sénior para Colombia y Chile del organismo, dijo a EL NUEVO SIGLO, al confirmar las previsiones del crecimiento del PIB en 7,6% para este año, que “las opciones de financiamiento público son las mismas que siempre: recaudar más, gastar menos o endeudarse más. Más allá de eso, no existen recetas mágicas”.

Arnold puntualiza, referente a las urgencias del país, que “la necesidad de fortalecer la protección social sale como una de las principales lecciones de esta crisis, que nos mostró que el sistema de protección social aún tiene muchos huecos. Establecer una renta mínima para las familias de bajos ingresos, por ejemplo, nos parece un muy buen camino. Esa inversión social, que será altamente progresiva, costará dinero”.

Indica el economista que “si una mira bien el sistema tributario colombiano, creo que hay mucho espacio para recaudar más y aumentar la redistribución al mismo tiempo. Visto que solo el 5% más ricos de los colombianos pagan el impuesto a la renta de las personas, hay espacio para ampliar la base tributaria sin aumentar la carga sobre la clase media. Al mismo tiempo, ideas como reducir las exenciones de impuestos, que benefician sobre todo a los hogares de mayores ingresos, también pueden ayudar para hacer darle más progresividad al sistema tributario. En conclusión, aumentar la recaudación tributaria en Colombia, que es muy baja en un contexto internacional, para una mayor inversión social, se puede hacer sin aumentar la carga tributaria sobre los hogares pobres y vulnerables”.

Previsiones

Sobre las previsiones de un crecimiento del 7,6% para Colombia en un año pleno de complicaciones, Arnold señala que “nuestra previsión para el crecimiento en términos anuales mejoró mucho con la publicación del PIB del primer trimestre de este año. Entre los números ya conocidos de los últimos dos trimestres del 2020 y del primero del 2021, la economía ya está en camino para un crecimiento fuerte para el año 2021. A ese trasfondo relativamente alentador, nosotros le agregamos en nuestras previsiones un segundo semestre caracterizado por el paro y nuevas medidas de restricción a la movilidad, que llevarán probablemente a una contracción del PIB. Por ende, vemos una contracción temporal en el segundo trimestre, pero luego esperamos que la recuperación vuelva a tomar más fuerza en la segunda mitad del año, a medida que las vacunas avanzan y los contagios se reducen”.

De otro lado, en su informe de mayo sobre la economía colombiana, la OCDE sostiene que esta actividad registró un fuerte repunte desde el segundo semestre de 2020, pero las protestas sociales y la imposición de nuevos confinamientos en abril y mayo de 2021 retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad de 2021.

Recuperación

Sostiene la Organización que “la distribución de las vacunas está avanzando lentamente. La recuperación podría debilitarse como consecuencia de nuevas restricciones, pero también debido a la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales. Una respuesta fiscal contundente continuará prestando un apoyo muy necesario a la economía en 2021”.

En su análisis de la economía colombiana, la entidad explica que “las finanzas públicas podrían fortalecerse de manera progresiva una vez que la recuperación se consolide. La protección social y las políticas del mercado de trabajo necesitan reformas ambiciosas para intensificar la creación de puestos de trabajo formales que permitan una recuperación más inclusiva, y merecerían recursos adicionales. El amplio respaldo de la política monetaria continuará, acertadamente, durante 2021 y 2022”.

Respecto a la situación actual, la OCDE manifiesta que “las protestas sociales, pero también nuevas restricciones de movilidad localizadas han hecho mella en la recuperación y van a retrasar una recuperación más duradera del consumo privado y la inversión hasta el segundo semestre de 2021. El continuo apoyo fiscal a los hogares fortalecerá el repunte del consumo, y la considerable inversión en infraestructuras y la fuerte demanda en el sector de construcción de viviendas se traducirán en una mejora de los datos de inversión”.

El consumo

Asimismo, la subida de los precios de las materias primas y la mejora de las perspectivas en los principales socios comerciales del país estimularán la demanda externa y apoyarán la recuperación de las exportaciones. Se prevé que la inflación siga por debajo de su meta, aunque su reciente repunte alude a la posibilidad de un riesgo mayor de inflación. El principal riesgo a la baja para estas perspectivas es la imposición de nuevos confinamientos, que no es descartable dada la reciente trayectoria de las infecciones y el moderado ritmo de la vacunación. Si no se logra un consenso para fortalecer las finanzas públicas, podrían aumentar los costos del financiamiento”.

Consenso

Resalta la institución que “construir un consenso para legislar una subida de los ingresos fiscales relativamente bajos ahora, pero aplicarla de forma más gradual a lo largo del tiempo, impulsaría la confianza sin dañar la incipiente recuperación de la economía, que todavía necesitará el respaldo de la política fiscal en 2022.

En este mismo sentido, expresa que “una amplia modernización del fragmentado sistema de pensiones podría incrementar la cobertura de las pensiones más bajas y reducir la pobreza entre los ancianos. Trasladar parte de esta carga financiera de las cotizaciones de los trabajadores a la tributación general podría reducir la informalidad en el mercado laboral y promover la creación de puestos de trabajo formales. Junto con una reducción de las barreras comerciales y una competencia más intensa, esto facilitaría los necesarios procesos de reasignación de recursos, fomentando la productividad y la equidad”.

Se recupera el PIB mundial

Al mismo tiempo, la OCDE, en su análisis global, dice que “el crecimiento mundial sigue recuperándose pese a los nuevos rebrotes del virus, menos frecuentes, pero más dispersos por el mundo. Prevemos que el producto global crecerá casi un 6% este año, un auge impresionante tras la contracción del 3,5% de 2020. Aunque la recuperación permitirá que la mayor parte del mundo retorne a niveles de 2020 de PIB para finales de 2022, esto dista mucho de ser suficiente. La economía mundial permanece por debajo de su trayectoria de crecimiento previa a la pandemia y son demasiados los países de la OCDE en los que a finales de 2022 no se habrán alcanzado los niveles de vida esperados antes de la pandemia”.

Explica que las contundentes medidas de política han sentado las bases para la recuperación sanitaria y económica. La red de protección que los gobiernos han desplegado con sus políticas no tiene precedente y ha preservado el tejido económico, empresas y empleos en la mayoría de las economías avanzadas y en algunas economías emergentes.

Como consecuencia, el sector manufacturero está creciendo rápidamente, el comercio de mercancías repunta con fuerza a medida que las fronteras se reabren, y los viajes se están reanudando poco a poco. Además, la reapertura trae consigo un fuerte incremento del consumo y de las horas trabajadas. Esto es muy alentador, ya que debería limitar las secuelas de la crisis.

No obstante, persisten demasiados factores adversos. Resulta sumamente inquietante que no estén llegando suficientes vacunas a los países emergentes y de bajos ingresos. Esto expone a estas economías a una grave amenaza, porque tienen menos capacidad para apoyar la actividad económica que las economías avanzadas. Si el virus provocara un nuevo debilitamiento del crecimiento, este sería más difícil de amortiguar y causaría nuevos incrementos de la pobreza extrema e incluso posibles problemas de financiación soberana si en los mercados financieros se dispararan las alarmas.