Por
muchos años he sostenido que una reforma de la justicia para acercarla al
ciudadano, agilizarla y tecnificarla no impone modificar la Constitución
Política (CP) sino cumplir los vigentes códigos de Procedimiento según los
cuales, por complejo que sea y con independencia de su naturaleza, un proceso
en Colombia no debería durar más de 2 años. Como ministro sostuve que lo
requerido era “tutelizar” la justicia ordinaria para aplicar allí su celeridad,
cada vez más ausente.
En
general, tampoco he sido partidario de las “constituyentes” que, con
excepciones, han afectado el Estado de Derecho y consumado hechos políticos.
Como
Procurador General emití concepto -acogido inicialmente por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema- contra la utilización del Estado de Sitio
para desencadenar un proceso constituyente en abierta oposición a la norma del
Plebiscito del 57, votada por más de 4 millones de ciudadanos, según la cual
solo el Congreso podía tramitar reformas constitucionales. Por uno o dos votos
los penalistas, civilistas y laboralistas derrotaron a los constitucionalistas
y dieron vía libre al entonces extraño procedimiento constitucional.
En
cuanto al “régimen de Justicia”, a nivel de sus altas cortes y a los
procedimientos para juzgar a los más altos funcionarios del Estado, hemos
llegado a un bloqueo tal que hoy es imposible abordar por el Congreso cualquier
reforma constitucional que intente modificar tan anquilosadas estructuras.
Casi
todos estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero es prácticamente imposible
encontrar la solución. Las reformas orientadas a afectar esa pecaminosa
estructura de poder han fracasado. Como en 2012 cuando al final se sacrificó al
buen ministro Juan Carlos Esguerra por los orangutanes introducidos para
conservar privilegios de algunos magistrados.
La
reforma impulsada por los ministros Yesid Reyes y Juan Fernando Cristo,
conocida como de “equilibrio de poderes”, en su esencia la “tumbó” la Corte
Constitucional (CC) argumentando que suprimir la vetusta Comisión de
Acusaciones de la Cámara ¡sustituiría el espíritu de la CP del 91!
El
origen de este bloqueo también está en lo dispuesto por la Constituyente al
poner a congresistas y magistrados en la posición de investigarse mutuamente.
Acabar con asuntos como las atribuciones electorales de las Cortes, la
proliferación de magistraturas, el uso del poder judicial en beneficio
particular, la intromisión de funcionarios del orden judicial o de los llamados
organismos de control en otras ramas del poder, la inseguridad jurídica, la
perniciosa cercanía con poderes políticos, la impunidad política y
disciplinaria de “encumbrados” magistrados y funcionarios, y muchos otros, son
hoy algo que no pasaría el cedazo del Congreso y las cortes.
Para
salir de este atolladero es hora de volver a la idea plasmada en una reforma
constitucional presentada por López Michelsen en 1977, tumbada por la Corte
Suprema en desafortunado fallo de 1978, al convocar una “pequeña” Constituyente
de elección popular, con temario preciso y delegatarios debidamente formados en
la materia.
Podrían
delimitarse algunos temas: las magistraturas deberían ser el último y no el
primer escalón de carreras judiciales y aun políticas; el Consejo Superior de
la Judicatura debe dar paso a una verdadera Súper Corte; deben
desaparecer los vasos comunicantes justicia-política; sin llegar hasta la
Corte Única debe reducirse el número de “altas cortes”, el antejuicio político
sólo debe mantenerse en el Congreso para el Presidente quien, levantado el
fuero, sería juzgado por una alta Corte judicial; debe hacerse una reingeniería
profunda a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que pase por su
origen, funciones, y sobre todo por el establecimiento de un sistema real de
responsabilidad ante un organismo judicial, como una verdadera Súper Corte
integrada por ciudadanos de las más altas calidades jurídicas, morales y de
gran equilibrio emocional, encargada de investigar entre otros al Procurador,
al Contralor y al Fiscal General.
El
gobierno, restablecida la legislatura, podría ensayar este camino. O puede ser
tema de la próxima campaña presidencial.
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