La función pública, debe buscar el bienestar de los más desfavorecidos.
Por ÓSCAR BARRETO QUIROGA
La defensa del patrimonio público y
medio ambiental, el bienestar general debe prevalecer en términos de equidad;
debe desterrarse del ejercicio público, el favorecimiento a los intereses
particulares, las decisiones de cualquier autoridad pública, deben tener la
contundencia de la justicia social, para proteger los bienes supremos del
Estado, que son de todos, no de unos pocos. Solo en esa vista, con legalidad y
delicadeza podremos garantizar un acierto en el ejercicio de la función
pública.
El discurso que engaña y busca adornar o
maquillar de manera técnica o populista, las decisiones para beneficiar unos
pocos, carece de legitimidad y larga vida, pronto la sabiduría popular y la
legalidad les castigarán, en justicia o en las urnas, donde se dirimen los
enormes conflictos de los intereses individuales o particulares. La
ideologización de los temas importantes de la agenda pública, risiblemente
tiene sus contradicciones, es sorprendente ver como unos, que se autoproclaman
de izquierda defensores del medio ambiente, otorgaron licencias a granel, como
por ejemplo la famosa de “Hidrototare”, que es la construcción de la
hidroeléctrica sobre el río Totare, en jurisdicción de los municipios de
Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado y Venadillo, pero con efectos en toda la
región. Se trata de un proyecto de generación de energía que implica la
intervención de más de siete kilómetros, en una zona altamente productiva en
caña de azúcar, aguacate, café y plátano, además de arroz; es decir el discurso
por un lado para agradar la tribuna y los hechos por otro lado para
perjudicarla, llegó la hora de desterrar la doble moral de nuestra sociedad, la
hora de la coherencia, para gozar de un país distinto, de un país mejor.
La vocación de servir, cada día más
escasa en la política y en lo público debe ser el alma y esencia de quienes
llegan a los cargos, con funciones y mandatos, que no pueden ser solo letra
muerta sino la llama viva, que encarne el clamor, bienestar y también el
sufrimiento de los ciudadanos, pero sobre todo que necesitan una carga de
coherencia absoluta, alejada de los sesgos ideológicos y de la doble moral. Los
intereses supremos deben ser los intereses de los ciudadanos y su calidad de
vida.
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