Por José Adrián Monroy T
En Colombia está tipificado como delito en el artículo 180 del
Código Penal: Como uno de los delitos que vulneran el bien jurídico de la
libertad individual. El desplazamiento no sólo afecta la libertad, también
vulnera otros derechos humanos fundamentales como: la vida, la integridad
personal, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, entre
otros.
También, es un crimen de lesa humanidad consagrado en el artículo 7,
literal d. del Estatuto de Roma. Sus consecuencias ya están determinadas:
desarraigo y desintegración de las familias, población que llega abruptamente a
municipios vecinos o a las ciudades capitales a invadir terrenos, asentamientos
ilegales, aumentar el desempleo y la delincuencia; convirtiéndose en un
problema social adicional para las administraciones locales, aparte de las
consecuencias del Covid-19.
Según informe presentado por trece congresistas de los partidos
Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y ‘la
U’ sobre los avances de la implementación del acuerdo de paz en el 2020, en el
primer semestre hubo 16.190 nuevos desplazados. En el 2021 se ha incrementado y
agudizado la amenaza en los departamentos de Cauca, Chocó, Caquetá y Putumayo.
A su vez, según informe del Observatorio Global de Desplazamiento
Interno, a 31 de diciembre de 2020 había en Colombia cerca de 5 millones 600
personas desplazadas por la violencia; las causas están identificadas:
masacres, amenazas, presiones de los grupos armados ilegales y mafias de
minería ilegal, del narcotráfico y de explotación de bosques para madera.
Entonces, subyace la disputa del territorio para desarrollar las actividades
ilícitas, de hecho, en muchas ocasiones, la población queda en medio del fuego
entre dos bandos; o entre un grupo ilegal y las fuerzas armadas del Estado.
Lo que viene sucediendo merece especial cuidado por parte del Gobierno
Nacional. La sensación de inseguridad que se percibe, hace pensar con terror
que volvamos a situaciones que nos afectaron en el pasado. Además, que,
si a lo anterior se le adiciona la situación de los venezolanos, el problema
puede ser aún peor.
No se puede seguir echándole la culpa al Gobierno Santos; ya entramos al tercer año del Presidente Duque y la bandera de la seguridad, que ondeó en campaña, no ha podido consolidarse y ha demostrado que en este aspecto específicamente, es un gobierno incapaz, impotente o tolerante frente a una realidad que ya nos está afectando a todos.
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